El Hoyo de Friusa no es un problema local. Este enclave en el corazón de la turística ciudad de Bávaro en la provincia La Altagracia, se ha convertido en el epicentro de una crisis que amenaza la seguridad nacional, la identidad dominicana y la economía del país. La masiva presencia de haitianos indocumentados, ha transformado esta comunidad en un territorio fuera de control, donde la delincuencia organizada y la violencia campan a sus anchas, poniendo en riesgo no sólo a los residentes, sino también al turismo de la región, que para nadie es secreto representa uno de los pilares económicos de República Dominicana.
Ante esta situación, La Antigua Orden Dominicana y otras organizaciones nacionalistas han convocado una marcha para el próximo domingo 30 de marzo. Su objetivo es claro: exigir al Estado que actúe frente a lo que ya no puede ocultarse. Mientras miles de haitianos ocupan ilegalmente la zona, las autoridades han sido cómplices por omisión, permitiendo que lo que comenzó como un flujo migratorio se convierta en una invasión silenciosa.
La ironía es cruel. Faride Raful, ministra de Interior y Policía, quien en 2020 fue una de las cabezas de las protestas ciudadanas que culminaron en la toma de la Plaza de la Bandera, hoy intenta poner trabas al derecho constitucional de manifestación. Su exigencia de permisos —aprobados finalmente, pero tras una polémica innecesaria— revela una doble moral indignante. Mientras Friusa se convierte en «el pequeño Haití», el Estado Dominicano ha guardado un silencio cómplice, fallando en la aplicación de políticas de que desde ese órgano deberían desarrollarse para salvaguardar nuestra integridad territorial y soberanía. Comunicadores afines al gobierno y grupos prohaitianos han salido a desacreditar la marcha, poniéndole, a su criterio, todo tipo de trabas y oposiciones. Estos mismos que hoy claman por «sensatez y prudencia» son los que han ignorado durante años el colapso de servicios públicos, el aumento de la inseguridad y la pérdida de identidad cultural en comunidades como Friusa.
El intento por frenar la manifestación sólo logró un efecto contrario: unir más a los dominicanos. La Antigua Orden y las organizaciones nacionalistas, sin haber puesto un pie en Friusa, ya lograron su primer triunfo: doblegar la resistencia del gobierno. Pero esto es más que una victoria simbólica. Es un mensaje claro: la sociedad dominicana no seguirá tolerando la inacción de sus autoridades frente a la crisis migratoria. Lo que ocurre en Friusa no es un caso aislado. Es el reflejo de un problema nacional que, de no atenderse, se replicará en otras comunidades. La marcha del 30 de marzo no es sólo una protesta; es un llamado a defender la soberanía, la ley y la identidad dominicana. El Gobierno tiene dos opciones: actuar ahora con firmeza, o rendirse ante la realidad de que República Dominicana está perdiendo pedazos de su territorio. Los dominicanos ya eligieron su camino: defender lo que es suyo.
Por: Santiago R. Castillo