Desde la semana pasada, el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales ha dominado el debate público. Su posible aprobación —y el alcance de sus disposiciones— ha generado reacciones polarizadas, encontrando, al menos en apariencia, más oposición que apoyo dentro del sector comunicacional y la sociedad.
Mientras un grupo significativo de comunicadores y juristas ha alzado la voz en contra del proyecto —algunos con advertencias sobre supuestas violaciones a derechos fundamentales—, parece omitirse un hecho histórico: desde 1962, la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento ya establece límites a la libertad de expresión. Esta norma, vigente por más de seis décadas, garantiza el derecho a expresarse, pero lo regula en casos de abuso, especialmente cuando afecta la honra de las personas, el orden social o la paz pública. Entre sus disposiciones clave, prohíbe la censura previa, establece responsabilidades civiles y penales por difamación, y regula la publicidad en medios. A esto se suma el artículo 49 de la Constitución dominicana, que consagra el derecho a la libre expresión sin censura previa, pero dentro del marco del orden jurídico.
Quedan así dos evidencias: primero, que la libertad de expresión —aunque fundamental— no es absoluta y ya está sujeta a límites en nuestro ordenamiento; y segundo, que la Ley 6132, requiere urgentes actualizaciones ante el surgimiento de plataformas digitales y medios no convencionales, inexistentes en 1962. Estos nuevos espacios escapan a la regulación vigente, dificultando la fiscalización de contenidos que vulneran la moral, las buenas costumbres o la ley misma. Resulta paradójico que quienes acusan al proyecto de ser una «ley mordaza» sean, en muchos casos, los mismos actores que aprovechan vacíos legales para difamar, sensacionalizar o lucrarse con la desinformación. La evolución de los medios —desde la prensa escrita hasta el universo digital— exige un marco jurídico robusto que equilibre libertades y responsabilidades.
Libertad no es libertinaje. Todo derecho conlleva límites para asegurar la convivencia social. El proyecto no busca restringir la expresión, sino adaptar la legislación a los desafíos del siglo XXI: regular la viralización de falsedades, la vulgaridad gratuita y el daño a terceros sin menoscabar el derecho a informar. En un ecosistema mediático cada vez más complejo, la ley debe ser un faro, no un grillete.
Por: Santiago R. Castillo/